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Vol. 37 | Núm. 4
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Los cambios de nuestro medio ambiente se han producido de forma progresiva y hoy son evidentes para cualquier persona. La frase que con mayor frecuencia acompaña a los grandes episodios climáticos: “Nunca habíamos visto algo parecido”, condensa una percepción compartida incluso por las generaciones de mayor edad. Esa percepción coincide con el registro instrumental: el año 2024 fue el más cálido desde que existen mediciones y el primer año natural en el que la temperatura media global superó en 1,5 °C el nivel preindustrial, con una anomalía de 1,60 °C respecto de la referencia de 1850-19001. Conviene precisar que el umbral de 1,5 °C del Acuerdo de París se define como promedio plurianual, de modo que un único año por encima de ese valor no equivale a haberlo incumplido de manera definitiva. Sin embargo, su superación constituye una señal inequívoca de la dirección que ha adoptado el sistema climático.
Frente a esta realidad coexisten dos actitudes. Una primera, de preocupación intensa, que moviliza recursos para moderar el impacto humano sobre el planeta. Una segunda, de relativización, que atribuye los cambios a la variabilidad natural y cuestiona tanto la responsabilidad antropogénica como la utilidad del esfuerzo individual. Entre ambas se sitúa la mayoría de la población, oscilante e incierta: individuos “entre dos aguas”. El propósito de este comentario es ordenar la evidencia disponible, contrastar las posiciones más influyentes del debate contemporáneo y examinar las implicancias de cada una para la salud humana, entendida como inseparable de la salud del planeta.
Los megaincendios que han afectado a California, España, Francia, Canadá, Portugal, Chile y Argentina arrasan miles de hectáreas, consumen viviendas, cobran vidas humanas y, al destruir la cubierta vegetal, eliminan el principal sumidero biológico de dióxido de carbono, incrementando así la huella de carbono. En julio de 2024, un incendio incontrolable en el norte de California, el denominado “Park Fire”, se convirtió en tres días en uno de los mayores de la historia de ese estado: superó las 142.000 hectáreas consumidas y obligó a evacuar a miles de personas, con apenas un 10% de su perímetro contenido pese al despliegue de más de 3.700 efectivos2. La temporada en América de 2024-2025 fue particularmente severa, con el mortal megaincendio de Valparaíso, en Chile, entre enero y febrero de 2024, y los incendios de Los Ángeles de comienzos de 2025, que arrasaron alrededor de 160 km² y dejaron decenas de fallecidos y más de 150.000 evacuados3.
La atribución de un incendio puntual al cambio climático exige estudios específicos que requieren tiempo. No obstante, existe consenso en que el calentamiento incrementa la probabilidad de que un foco se convierta en megaincendio. El aumento de la temperatura, la reducción de la humedad y el régimen de vientos configuran las condiciones de propagación, y el calor extremo es, de estos factores, el de mayor certeza en su vínculo con el cambio climático antropogénico. En California, las temperaturas medias anuales han aumentado cerca de 1,4 °C desde 1895, y siete de los últimos ocho años han sido los más cálidos registrados3. La problemática sanitaria es ineludible: el humo de los incendios forestales es considerablemente más tóxico que la contaminación atmosférica habitual derivada de la quema de combustibles fósiles, lo que sitúa al fenómeno simultáneamente como crisis climática y crisis de salud pública3.
En el extremo opuesto del espectro hidrológico, las precipitaciones torrenciales sin aviso suficiente han producido catástrofes recientes. La “DANA” (depresión aislada en niveles altos) que afectó a la región de Valencia entre el 29 y el 30 de octubre de 2024 provocó inundaciones masivas que dejaron más de 200 fallecidos y numerosos desaparecidos, concentrados principalmente en Valencia, pero con afectación también en Castilla-La Mancha y Andalucía4. Los testimonios de los sobrevivientes, personas que escaparon trepando a puentes o que se aferraron durante horas a la vegetación para no ser arrastradas, ilustran la violencia del fenómeno: en palabras de un residente de Paiporta, el agua “llegó como una ola, fue como un tsunami”4. El episodio puso de relieve, además, las deficiencias en la cadena de alerta temprana, pues el aviso a la población se emitió más de doce horas después de la primera alerta roja meteorológica4.
Episodios análogos se registraron en Grazalema y Ronda, en Andalucía. Grazalema, municipio de la provincia de Cádiz e integrante de la asociación “Los Pueblos Más Bonitos de España”, debió ser evacuado de forma abrupta a causa de una borrasca que anegó sótanos y bodegas, y parte de su población fue realojada en Ronda. La recurrencia de estos fenómenos de alta intensidad y desarrollo súbito es coherente con un clima más energético, en el que el incremento de la temperatura del aire y del océano favorece eventos de precipitación más concentrados.
El calentamiento global y el de la masa oceánica favorecen el deshielo, la pérdida de icebergs y ventisqueros y la consiguiente elevación del nivel del mar. Sus consecuencias son ya tangibles en los pequeños estados insulares y asentamientos costeros del Pacífico Sur. En las Islas Salomón, en Indonesia y en la costa de Panamá se han documentado abandonos de aldeas completas y desplazamientos forzados ante la erosión severa y la inminencia de la sumersión; en casos como el de Nuatambu, la pérdida de superficie habitable ha obligado al traslado de comunidades enteras. La decisión de emigrar responde a la evidencia de que estos territorios podrían quedar sumergidos en el mediano plazo.
La magnitud del riesgo, sin embargo, es objeto de debate metodológico. Estudios de seguimiento morfológico de atolones han señalado que algunas islas habrían ganado superficie a lo largo de las últimas décadas, lo que ha sido interpretado por ciertos autores como argumento contra las proyecciones más alarmistas5. Esta aparente paradoja, ascenso del nivel del mar junto a estabilidad o crecimiento de ciertos atolones, no niega la amenaza, sino que subraya la heterogeneidad de las respuestas locales y la necesidad de análisis territoriales finos. La experiencia de los Países Bajos, donde aproximadamente la mitad de la población vive bajo el nivel del mar gracias a un sistema secular de diques, y la de Vietnam, donde se cultiva arroz por debajo de esa cota, demuestran que la adaptación estructural es factible, aunque costosa y desigualmente distribuida.
Frente a esta presión migratoria, Australia implementó la Visa de Compromiso del Pacífico (Pacific Engagement Visa, PEV; subclase 192), un visado de residencia permanente vigente desde marzo de 2024 que ofrece hasta 3.000 plazas anuales, adjudicadas por sorteo, a nacionales de los países insulares del Pacífico y de Timor-Leste6. Su corriente de tratado, reservada a Tuvalu en el marco de la Unión Falepili, constituye el primer acuerdo bilateral del mundo que crea una vía migratoria específica en el contexto del cambio climático6. La PEV transforma una migración potencialmente forzada y caótica en un proceso ordenado, seguro y digno, reduciendo los riesgos sanitarios y psicosociales del desplazamiento no regulado, y representa el tránsito desde la adaptación reactiva hacia una gobernanza anticipatoria de la movilidad humana.
Las temperaturas extremas se manifiestan en ambos sentidos, con olas de calor cada vez más frecuentes y récords térmicos sucesivos1. La adaptación a este nuevo régimen obliga a tomar precauciones generalizadas: habilitación de refugios climáticos, modificación de los criterios de construcción y de los materiales de caminos y autopistas, calles y edificaciones, y cambios de hábitos, como la suspensión del trabajo o del deporte al aire libre en los horarios de mayor riesgo. La memoria reciente conserva los fallecimientos masivos ocurridos durante la peregrinación a La Meca, atribuidos a la exposición a temperaturas del orden de 50 °C, que afectaron de manera desproporcionada a peregrinos de edad avanzada o con comorbilidades. El calor extremo, por su vínculo robusto con el cambio climático, constituye uno de los riesgos sanitarios de atribución causal más sólida.
La remodelación a la baja de la superficie de hielo en ambos polos no solo expresa la magnitud del calentamiento, sino que abre, de manera inquietante, nuevos espacios de tierra y rutas de navegación que despiertan intereses geopolíticos entre las potencias mundiales. La criósfera deja así de ser un mero indicador físico para convertirse en un factor de competencia estratégica por recursos, lo que añade una capa de complejidad política a un problema de origen ambiental.
Los eventos extremos no agotan su impacto en la destrucción material inmediata. El clima extremo, con su alternancia de inundaciones y sequías, deteriora la calidad de vida, la agricultura y la ganadería, y por esa vía compromete la alimentación y la nutrición. Las pérdidas de cosechas y de cabezas de ganado condicionan hambrunas, alteraciones sanitarias y migraciones forzadas, frecuentemente en condiciones de pobreza y abandono en los países de destino, e incluso la muerte durante la travesía. La biodiversidad acompaña este proceso como variable de deterioro: un ambiente más hostil reduce la capacidad de supervivencia de numerosas especies.
La contaminación, las migraciones, la pobreza y el deterioro de la salud mental generan, de forma combinada, cambios epidemiológicos sustantivos. La comunidad gastroenterológica internacional ha reconocido explícitamente esta interdependencia: el Comité de Cambio Climático de la Organización Mundial de Gastroenterología ha advertido sobre la relación entre el cambio ambiental, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y la salud digestiva, y ha llamado a educar y abogar por la sostenibilidad de la práctica clínica, incluida la endoscopia7. Este marco se inscribe en los enfoques de “Una Sola Salud” (One Health) y de salud planetaria, según los cuales la salud humana está inmersa en la del planeta y ambas deben entenderse como una unidad indisociable.
La presencia de microplásticos y de residuos de antibióticos en la cadena alimentaria, que se incorporan a los tejidos humanos, puede inducir alteraciones del medio interno y modificaciones del microbioma, con consecuencias todavía no del todo dimensionadas, incluidas potenciales repercusiones genéticas cuyo alcance apenas se vislumbra. En este contexto se recomienda una dieta basada en plantas, no solo por sus beneficios sobre la microbiota, sino por su menor huella de carbono. La interfaz entre nutrición, microbioma y ambiente constituye, así, un campo emergente de la salud planetaria con implicancias clínicas directas.
Particular preocupación suscita la percepción de las nuevas generaciones. Niños y adolescentes intuyen la magnitud del problema y experimentan una sensación de desprotección, la ausencia de una “coraza” climática, que se traduce en temor, desesperanza e incertidumbre respecto del porvenir, con repercusiones sobre su salud mental. A ello se suma un sentimiento de impotencia, sintetizado en la idea de que “yo no puedo hacer mucho frente a cambios que son planetarios”. La exposición sostenida a predicciones catastróficas puede, además, amplificar la ansiedad colectiva. El abordaje de esta dimensión psicológica, especialmente en la población infantil, constituye un desafío sanitario de primer orden que no debe quedar subordinado a la discusión técnica sobre emisiones.
La pregunta sobre la eficacia del esfuerzo individual recorre todo el debate. La intuición de que un “grano de arena” carece de relevancia frente a un problema planetario convive con la imagen contraria: un grano junto a otro y otro termina por formar la playa, del mismo modo que el “efecto mariposa” sugiere que pequeñas acciones, al sumarse, producen consecuencias mayores. Resulta útil, en consecuencia, pensar en niveles concéntricos de acción: el individuo, la familia, la escuela, el barrio, el lugar de trabajo y la empresa, ampliando progresivamente el alcance hacia lo colectivo, hasta involucrar a municipios, universidades, gobiernos, organismos internacionales, las propias Conferencias de las Partes (COP) y las comunidades religiosas8. La tarea es, en definitiva, de todos, con todos y para todos.
El relato bíblico del arca de Noé, que reúne parejas de cada especie para preservarlas del diluvio, opera aquí como metáfora elocuente de lo que hoy se persigue mediante la conservación de la biodiversidad y la predicción climática: una suerte de “arca universal” que asegure la continuidad de la vida. La diferencia es que disponemos de servicios de ecología, meteorología y modelización climática capaces de anticipar las amenazas; el desafío no es la falta de advertencia, sino la traducción de esa advertencia en acción coordinada.
Pese a la acumulación de evidencia, el debate público se polariza entre “creyentes” y “escépticos”, posiciones que desconciertan al ciudadano común. La discusión se complica cuando figuras de gran influencia modifican su postura a lo largo del tiempo, como ilustra de manera paradigmática la trayectoria reciente de Bill Gates.
En 2021, Gates expuso en su libro “Cómo evitar un desastre climático” una hoja de ruta detallada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero9. El eje de la propuesta era alcanzar cero emisiones netas hacia 2050 mediante la innovación tecnológica, reduciendo las llamadas “primas verdes”, es decir, el sobrecosto (o diferencial de precio) que exige una tecnología limpia en comparación con la alternativa tradicional basada en combustibles fósiles. El autor enfatizaba la necesidad de transformar radicalmente la producción de acero, cemento y plásticos, responsable de cerca de un tercio de las emisiones globales, e invertía a través de su plataforma Breakthrough Energy en tecnologías emergentes de energía limpia, reconociendo el elevado costo de las soluciones disponibles.
En octubre de 2025, en un documento de reflexión previo a la COP30 de Belém (Brasil) titulado “Tres verdades incómodas sobre el clima”, Gates introdujo un cambio de énfasis10. Sin negar la gravedad del problema, sostuvo que el cambio climático no conducirá a la desaparición de la humanidad y que la mirada “apocalíptica” ha desviado recursos de las intervenciones más eficaces para mejorar la vida en un mundo más cálido. Su argumento central es que la pobreza y la enfermedad constituyen, para la mayoría de las personas de los países más pobres, amenazas más inmediatas que el propio clima, y que la estrategia climática debería situar el bienestar humano, medido, por ejemplo, mediante el Índice de Desarrollo Humano, por encima de la sola reducción de emisiones.
Gates documenta, además, un progreso tangible: la Agencia Internacional de la Energía ha rebajado su proyección de emisiones para 2040 desde 50.000 a 30.000 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono en apenas una década, una reducción superior al 40 % de las emisiones proyectadas, atribuida a que la prima verde de la energía solar, eólica, el almacenamiento y los vehículos eléctricos ha alcanzado valores nulos o negativos10. Sobre esta base propone dos prioridades para la COP30 y los foros sucesivos: llevar la prima verde a cero mediante un análisis sectorial, electricidad, manufactura, agricultura, transporte y construcción, y ser rigurosos en la medición del impacto, priorizando las intervenciones con mayor retorno en vidas salvadas y mejoradas por unidad de recurso invertido, como la vacunación, la prevención de la malaria y la mejora de la agricultura en los países de bajos ingresos10. El propio autor sintetiza su posición afirmando que el desarrollo no depende de ayudar a las personas a adaptarse a un clima más cálido, sino que el desarrollo es, en sí mismo, adaptación10.
El análisis sectorial sobre el que descansa esta propuesta distingue cinco ámbitos responsables de la totalidad de las emisiones, cada uno con su propia prima verde. La generación de electricidad (28 % de las emisiones globales) resulta estratégica, pues la descarbonización del resto de los sectores exige electrificar numerosos procesos; ello demanda avances en renovables, en transmisión y en fuentes “firmes”, disponibles de forma continua, como la fisión nuclear de nueva generación y la fusión, cuya prima verde supera todavía el 50 %. La manufactura (30 %) plantea el reto del acero y el cemento, difíciles de descarbonizar por el bajo costo de producirlos con combustibles fósiles, aunque ya existen variantes de emisión nula cuya difusión depende de su escalamiento. La agricultura (19 %) concentra sus emisiones en la producción y el uso de fertilizantes y en el metano del ganado, frente a los cuales se ensayan biofertilizantes, aditivos alimentarios y vacunas. El transporte (16 %) progresa con la electrificación: cerca de uno de cada cuatro automóviles vendidos en 2024 fue eléctrico, pero mantiene retos en la aviación y el transporte marítimo, con primas verdes del combustible limpio superiores al 100 %. La construcción (7 %), finalmente, verá crecer su demanda de climatización con la urbanización10.
En el plano sanitario, el documento aporta cifras que matizan la percepción habitual. El calor excesivo causa alrededor de 500.000 muertes anuales, cifra que ha venido descendiendo gracias al mayor acceso al aire acondicionado, mientras que el frío extremo resulta casi diez veces más letal; la proyección es un aumento de la mortalidad por calor y una disminución de la asociada al frío, con un efecto neto de incremento concentrado en los países en desarrollo. Las muertes directas por desastres naturales han caído cerca de un 90 % en el último siglo gracias a los sistemas de alerta y a edificaciones más resilientes, pero las muertes indirectas no han seguido ese patrón: las inundaciones que contaminan el agua potable favorecen el cólera y el rotavirus, de modo que hoy quien queda atrapado en una crecida tiene más probabilidad de morir por una enfermedad transmitida por el agua que por ahogamiento. Las enfermedades diarreicas causan más de un millón de muertes anuales y, sumadas a la malaria, la tuberculosis, el VIH/sida, las infecciones respiratorias y las complicaciones del parto, los problemas de salud asociados a la pobreza provocan alrededor de ocho millones de muertes cada año10.
La priorización por impacto por dólar invertido sitúa la vacunación como referente: desde el año 2000, el mecanismo Gavi habría evitado 19 millones de muertes con un costo del orden de mil dólares por vida salvada, y su relevancia aumenta en un mundo más cálido, pues un niño que no muere de sarampión o tos ferina tiene mayores probabilidades de sobrevivir a una ola de calor o a una sequía. En agricultura, la mejora genética de cultivos ofrece retornos comparables: en Kenia, variedades de maíz tolerantes a condiciones más cálidas y secas incrementaron la cosecha de un grupo de agricultores en un 66 %, y en la India, durante el monzón más reciente, alrededor de 40 millones de agricultores recibieron por mensaje de texto una alerta anticipada que permitió salvar millones de hectáreas de cultivo. La inteligencia artificial contribuye a este proceso al adaptar las recomendaciones agrícolas a las condiciones locales y al acelerar el desarrollo de vacunas y tratamientos10. Estas intervenciones generan, además, un círculo virtuoso: al mejorar la supervivencia infantil, las familias tienden a la baja en la paridad y a reducir su tamaño, lo que libera recursos públicos para educación, salud e infraestructura.
Esta perspectiva guarda afinidad con la sostenida dos décadas antes por Bjørn Lomborg en “El ecologista escéptico” (2001), obra que cuestionaba la visión catastrofista y argumentaba que la humanidad se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias11. Lomborg planteaba que el calentamiento podría reducir la mortalidad por frío en una proporción comparable al aumento de la mortalidad por calor, y que el acceso a energías limpias y baratas, junto con la generación de riqueza, permitiría afrontar mejor las temperaturas extremas; de ahí su llamado a invertir en desarrollo, educación, sanidad, pensiones e infraestructura sin destinar un porcentaje excesivo del producto interno bruto a la mitigación.
En una línea semejante, el artículo “Falsa alarma”, publicado en marzo de 2026, ofrece un enfoque que sus autores califican de optimista o realista12. El texto recuerda la portada de 2019 en la que el secretario general de las Naciones Unidas aparecía, en tenida formal, sobre las aguas del atolón polinésico de Tuvalu bajo la consigna de un planeta que se inunda, y la contrasta con investigaciones que señalaban que ciertas islas habían ganado superficie, tildando de alarmistas a sus contrapartes5,12. Su tesis es que el alarmismo climático puede generar histeria colectiva y trastornos de salud mental, además de desviar fondos públicos cuantiosos hacia ciertas políticas energéticas en detrimento de la lucha contra la pobreza, la salud y la educación. Conviene subrayar, no obstante, que los denominados “realistas climáticos” no son negacionistas: reconocen que los cambios son reales y preocupantes, que el calentamiento es en parte provocado por el uso de combustibles fósiles, y que deben impulsar la innovación tecnológica y la adaptación, que ya han permitido alimentar a miles de millones de personas en áreas donde antes se moría de hambre, junto con la protección de especies, humedales y el control de inundaciones.
El debate no se agota en lo técnico-económico. La encíclica “Laudato si'” del Papa Francisco, publicada en mayo de 2015, formula un llamado urgente al cuidado de la “casa común” desde la noción de ecología integral, que une la defensa de la naturaleza con la justicia social hacia los más vulnerables13. El documento reconoce un “consenso científico sólido” sobre la responsabilidad humana en el calentamiento global, critica la “cultura del descarte” y el crecimiento económico ilimitado, y reclama una “conversión ecológica” que implique sobriedad y superación del individualismo, con especial énfasis en el acceso al agua potable y la defensa de la biodiversidad como bienes comunes13.
En clave análoga, el arzobispo Desmond Tutu (1931–2021), Premio Nobel de la Paz, calificó el cambio climático como uno de los mayores desafíos morales de nuestro tiempo y abogó por una acción urgente, el boicot a los combustibles fósiles y la inversión en energías limpias, advirtiendo que la inacción es una injusticia que recae sobre los más pobres y el Sur Global14. Su sentencia, “solo tenemos un mundo; si lo destruimos, estamos acabados”, resume una visión que, pese a su origen distinto del de los enfoques económicos, converge en la exigencia de un compromiso colectivo orientado al bien de la humanidad14.
Esta línea magisterial se prolonga en la encíclica Magnificat Humanitas de León XIV (2026), que la extiende al tiempo de la inteligencia artificial15. El documento advierte que la tecnología "nunca es neutral" y alerta sobre la concentración de poder, el desplazamiento laboral y el uso bélico de la IA, con un llamado a "desarmarla" que enlaza con la huella energética examinada más adelante en la sección "La demanda energética de la inteligencia artificial".
Un sentimiento de impotencia surge al considerar la huella ambiental de las guerras. La industria militar fabrica armamento, drones y materiales que se destruyen y se autodestruyen en cada ataque, reiniciando un ciclo de producción y devastación que genera contaminación, enfermedad y muerte a gran escala. El gasto militar representa un porcentaje muy elevado del producto interno bruto mundial, del orden del 2 %, lo que plantea preguntas difíciles de eludir: cuánta contaminación y cuánta huella de carbono producen los conflictos, cuántas vidas y cuánto esfuerzo previo neutralizan, y cuántos recursos podrían reorientarse hacia el desarrollo global. Resulta paradójico que esta “guerra”, que afecta a todos, no articule un esfuerzo mancomunado equivalente al que se exige a los ciudadanos en materia climática.
La expansión acelerada de la inteligencia artificial, que debería permanecer al servicio de la mente humana y no a la inversa, conlleva la construcción de un número creciente de centros de datos cuyo funcionamiento implica un consumo energético considerable y una generación de calor que obliga a emplear energía y agua adicionales para su refrigeración. La búsqueda de emplazamientos con condiciones favorables ha llegado a evaluar la instalación de infraestructura en el espacio o en la Luna. Esta demanda creciente introduce una tensión genuina, pues la misma tecnología que se invoca como herramienta de adaptación, desde el asesoramiento agrícola por telefonía móvil hasta el desarrollo acelerado de vacunas10 es, simultáneamente, una fuente no despreciable de consumo energético y de presión sobre los recursos.
El contraste entre las posturas reseñadas podría sugerir una disyuntiva entre mitigar las emisiones y adaptarse a un clima ya alterado. Tal disyuntiva es, sin embargo, en gran medida aparente. El cambio de énfasis de un actor influyente no debería interpretarse como una “apostasía” respecto de su pensamiento previo, sino como un enfoque complementario. Reducir las emisiones y prepararse para los impactos inevitables no son objetivos contrapuestos: evitar megaincendios, proteger frente a las inundaciones, repensar el cultivo y la vida bajo el nivel del mar, frenar la deforestación y reforestar de manera sostenida son acciones que pertenecen a ambas estrategias a la vez.
El riesgo principal de la reorientación discursiva no radica en sus contenidos, en su mayoría razonables, sino en su recepción social. No parece leal modificar la intención de las multitudes ni desincentivar la perseverancia de quienes han asumido conductas proambientales, sobre la base de que otros materializarán las nuevas medidas tecnológicas. La conciliación de ambos esfuerzos —el individual y el colectivo; la mitigación y la adaptación— resulta imprescindible para reducir el daño planetario. El argumento de que el aumento de muertes por calor extremo se vería compensado por la disminución de muertes por frío debe tomarse con cautela: las mejores estimaciones disponibles sugieren un efecto neto de incremento de la mortalidad asociada a la temperatura, concentrado en los países en desarrollo10.
Persiste, además, una contradicción de fondo. Mientras se exige a la ciudadanía un esfuerzo minucioso de reducción de su huella, se contempla con relativa pasividad el gasto y la destrucción asociados a los conflictos armados y a su industria, capaces de anular ese esfuerzo de un solo golpe. Cualquier estrategia coherente frente al cambio climático debería, por tanto, incorporar la dimensión de la paz y de la reasignación de recursos como variables de primer orden, y no como cuestiones ajenas al problema ambiental.
El cambio climático de origen antropogénico es real, está documentado por el registro instrumental y se expresa en una intensificación de los eventos extremos cuyas consecuencias sanitarias, alimentarias, migratorias y psicológicas son ya perceptibles1,3,4. La evidencia exige una contribución sostenida que, por modesta que sea individualmente, adquiere relevancia al sumarse a la de millones de personas y revierte en beneficio de las generaciones venideras.
Las posiciones que hoy contrastan en el debate público —la mitigación orientada a la descarbonización, el énfasis en el bienestar humano y la innovación, el escepticismo económico y la voz moral de las tradiciones espirituales— no son, en rigor, mutuamente excluyentes. Su integración es no solo posible, sino deseable: invertir en innovación tecnológica y en la reducción de las primas verdes, priorizar las intervenciones de mayor impacto sobre la vida humana, proteger la biodiversidad y adaptar la infraestructura constituyen partes de una misma respuesta. La salud humana y la planetaria deben comprenderse como una sola, y el compromiso con la salud mental, especialmente la de los niños, merece un lugar central en cualquier estrategia.
Quedan, no obstante, preguntas abiertas que este comentario no pretende cerrar: cómo afrontar el compromiso con la salud mental de las nuevas generaciones, cómo neutralizar la huella ambiental y espiritual de las guerras y cómo adaptarse a los cambios actuales y por venir sin renunciar al esfuerzo de mitigación. Mientras esas preguntas permanecen, la mayoría de la población continúa, como al inicio, “entre dos aguas”.
Los autores declaran que no se recibió financiación para la investigación, autoría y/o publicación de este artículo.
Los autores declaran que no hay ningún conflicto de interés comercial o financiero para esta investigación.
RS: Conceptualización.
DRR: Validación, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.
PC: Validación, Administración del proyecto.
DC: Análisis formal, Validación.
MS: Análisis formal, Redacción – borrador original, Redacción – revisión y edición.
Todos los autores han leído y aceptado la versión final del manuscrito.
Se utilizó inteligencia artificial como herramienta de apoyo para la reescritura, organización y revisión del documento. La elaboración del contenido, la redacción inicial y la revisión final fueron realizadas íntegramente por los autores.
Los datos que apoyan los resultados de este estudio están disponibles bajo petición al autor/a de correspondencia.
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